Analisis Estrategico SENAMA

En primera instancia debemos de considerar el proceso de institucionalización y de conformación de una política pública dirigida a la población de adultos mayores en Chile, como una forma de ir configurando las temáticas de la Adultez Mayor como foco de interés de la agenda pública, y planteando algunos desafíos de política que se pueden extraer a partir de la oferta de programas e iniciativas públicas a nivel nacional y regional correspondiente al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
Hoy en día nuestro país con objeto de construir dicha institucionalidad y política pública para las personas mayores, ha sentado sus bases en el conocimiento sociodemográfico acabado que permite elaborar descripciones cuantitativas generales de la población adulto mayor, existiendo además una evidente comprensión cualitativa que incide en la diversidad de dinámicas y fenómenos que afectan a dicha población, las cuales han generado en los últimos años una indudable multiplicación de ofertas programáticas e iniciativas que apuntan a diversos ámbitos de necesidades de las personas mayores, las cuales son mayoritariamente públicas, existiendo sin duda hoy en día desafíos pendientes en cuanto a integrar y articular los enfoques de los distintos programas e iniciativas existentes, promover la generación de una mayor oferta desde las regiones y comunas y desde la sociedad civil, y avanzar hacia una mirada de fortalecimiento de derechos de las Personas Mayores.


Análisis del entorno político-legal:

A este análisis corresponde integrar determinados elementos tales como: leyes sociales existentes que puedan ser limitaciones u oportunidades para el SENAMA, leyes o decretos del gobierno.

Avances en institucionalidad y política pública para las personas mayores
En los últimos años, en Chile ha ido ganando visibilidad creciente como foco de políticas públicas el segmento de personas mayores de 60 años. Si observamos el proceso desde el punto de vista de la institucionalidad pública, SENAMA se inició en 1995 con la creación de la Comisión -y luego el Comité- Nacional para el Adulto Mayor, siguiendo en 1996 con la aprobación de una Política de Gobierno sobre el Adulto Mayor y en 1997, con la creación de los Comités Regionales para el Adulto Mayor. En 1999, "Año Internacional del Adulto Mayor", el Gobierno envió al Congreso el Proyecto de Ley de creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor – SENAMA-, el cual fue finalmente promulgado en septiembre de 2002.
El SENAMA se crea como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuyos principales objetivos son velar por la plena integración y por la no discriminación y marginación de los adultos mayores a la sociedad, protegiéndolos ante el abandono e indigencia, y haciendo valer sus derechos legales. Una de las líneas de acción destacadas es la que se ejecuta a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor, fondo concursable orientado a financiar el desarrollo y ejecución de iniciativas propuestas y ejecutadas por organizaciones de adultos mayores.
A las actividades del SENAMA se debe agregar el esfuerzo del actual gobierno por promover una Reforma Previsional que asegure ingresos estables para una vejez digna de todos los chilenos y chilenas, en el entendido de que el envejecimiento y el retiro del mercado laboral no pueden ser sinónimos de pobreza o de una brusca caída en las condiciones de vida.

En primera instancia debemos de considerar el proceso de institucionalización y de conformación de una política pública dirigida a la población de adultos mayores en Chile, como una forma de ir configurando las temáticas de la Adultez Mayor como foco de interés de la agenda pública, y planteando algunos desafíos de política que se pueden extraer a partir de la oferta de programas e iniciativas públicas a nivel nacional y regional correspondiente al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
Hoy en día nuestro país con objeto de construir dicha institucionalidad y política pública para las personas mayores, ha sentado sus bases en el conocimiento sociodemográfico acabado que permite elaborar descripciones cuantitativas generales de la población adulto mayor, existiendo además una evidente comprensión cualitativa que incide en la diversidad de dinámicas y fenómenos que afectan a dicha población, las cuales han generado en los últimos años una indudable multiplicación de ofertas programáticas e iniciativas que apuntan a diversos ámbitos de necesidades de las personas mayores, las cuales son mayoritariamente públicas, existiendo sin duda hoy en día desafíos pendientes en cuanto a integrar y articular los enfoques de los distintos programas e iniciativas existentes, promover la generación de una mayor oferta desde las regiones y comunas y desde la sociedad civil, y avanzar hacia una mirada de fortalecimiento de derechos de las Personas Mayores.


Análisis del Entorno social:

Este entorno es un conjunto de factores que estructuran las en el marco de su futuro desarrollo.
A la luz de los antecedentes presentados, se pueden mencionar los siguientes desafíos para consolidar lo ya avanzado en la conformación de una política pública para los adultos mayores en Chile.
En primer lugar, cabe destacar los avances logrados en los últimos años en cuanto a la creación de una institucionalidad pública (SENAMA) especializada en concertar actores, promover estudios, apoyar con recursos las iniciativas gestionadas por los adultos mayores, y coordinar políticas y programas multisectoriales que benefician a las personas que están en la “tercera edad”. Estos avances debieran profundizarse en los próximos años, tanto en la dimensión territorial, acercando la institucionalidad para el adulto mayor a las regiones, provincias y comunas10, como en la dimensión temática. En ésta, el desafío es articular políticas y programas hacia segmentos específicos de adultos mayores (por nivel de autovalencia, institucionalización, género, zona urbano/rural, nivel de ingresos del hogar, etc.).
En segundo lugar, es preciso promover la generación de conocimientos integrales y en profundidad sobre las dinámicas y la heterogeneidad de variables que afectan la calidad de vida de las personas mayores en el país.
Esto implica seguir acumulando evidencia sobre las demandas, expectativas y necesidades de los individuos mayores, así como de las lógicas de acción, redes sociales y procesos que favorecen o limitan la conformación de organizaciones sociales de adultos mayores, que sirva como insumo técnico para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas públicos dirigidos a este segmento etario.
Por último, se debiera avanzar desde un primer paso, que es la difusión masiva de programas e iniciativas existentes que benefician a la población mayor, hacia un “segundo escalón”, consistente en la articulación y complementación de éstas, buscando evitar la duplicación de esfuerzos e incentivando la gestación de ofertas que apunten hacia áreas deficitarias, como son las que apuntan a desarrollar una mirada de derechos de los adultos mayores. Relacionado con lo anterior, sería recomendable generar apoyos e incentivos para la creación de una mayor oferta para el adulto mayor desde las propias regiones y comunas, así como desde la sociedad civil y los actores privados.
La creación de un sistema de protección social efectivo para las personas mayores, que ya cuenta actualmente con hitos destacados como la Reforma Provisional, el Programa Vínculos y las líneas de acción regulares de SENAMA, se vería fortalecida como política pública al asumir los desafíos ya mencionados. Éstos son en gran medida de índole técnico, sin embargo, suponen una serie de condiciones políticas relacionadas con el grado de apropiación de la política para el adulto mayor en los distintos sectores y territorios, los canales de participación que se establezcan para los adultos mayores, y la medida en que se logre instalar una visión compartida entre los actores políticos en cuanto al aporte que hacen y pueden hacer a la sociedad las personas mayores. Por lo tanto, el esfuerzo de consolidar la política pública para los adultos mayores debiera, en su justa medida, los factores técnicos y políticos ya mencionados.